¿Petróleo en el Parque del Virrey?

Por: Andrés Gómez O.

Es el petróleo, es el gas, es la minería, es la ganadería, es el arroz, es la palma africana; son cada una de nuestras decisiones diarias, las que hace ya más de un mes vimos convertidas en el silencio fúnebre de miles de animales no humanos: chigüiros muertos, venados muertos, tortugas muertas, dantas muertas, la sequía que inundaba una de las tantas regiones inexistente de donde extraemos a diario nuestra comodidad. El debate general buscó culpables y señaló a las petroleras como las principales causantes del desastre. Una conclusión cómoda que simplifica la realidad al escoger unas organizaciones malévolas sobre las cuales descargar la responsabilidad. En contraste, una sociedad urbana angelical, con profundas convicciones ecológicas, se esfuerza por no utilizar bolsas plásticas y comprar bombillas ahorradoras de energía. Por fortuna, no para el gobierno, y mucho menos para el supuesto bienestar del país, las comunidades directamente afectadas comienzan a hacerse concientes de las gravísimas consecuencias que tiene el discurso del desarrollo económico extractivista: los municipios de Piedras (Tolima) y Tauramena y Monterrey (Casanare), determinaron a partir de acciones populares, avaladas por los tribunales pertinentes y la Registraduría Nacional, la oposición a proyectos mineros y petroleros en sus territorios, precedente fundamental en las luchas por la conservación del patrimonio ambiental, los usos tradicionales del suelo, y la relación de los habitantes con su entorno (ver artículo Tauramena). Sin embargo, el gobierno no mira con agrado estas iniciativas, además de tratar de pasarlas por alto sabiendo que provienen de municipios alejados de los centros urbanos más importantes, con un mínimo peso electoral. Valdría la pena pensar en la magnitud del escándalo si por ejemplo se tratara de Bogotá: ¿se opondrían los habitantes del barrio Chicó a una explotación petrolera o minera en el hermoso Parque del Virrey?

Para el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, las consultas no proceden puesto que el subsuelo es propiedad del estado. Además, con el decreto 934 de 2013, se advierte que los alcaldes y concejales no podrán tomar decisiones sobre el subsuelo de sus municipios. De esta manera, es el gobierno de turno quien tiene el poder para decir qué se hace con los recursos naturales, sin tener en cuenta la opinión de sus habitantes. Es claro que dejar en manos de las comunidades el futuro de la economía no es una posibilidad. Como señala un importante documento financiado por la unión europea, el “Atlas global de justicia ambiental”, la participación en el PIB del sector minero-energético en Colombia se incrementó del 2% al 11% entre 1975 y 2012, mientras la inversión extranjera en dicho sector pasó del 14% al 55% entre 1994 y 2012. En el caso del petróleo, las exportaciones pasaron de 8% a comienzos de 1970, hasta más del 50% del total de ventas al exterior en 2012. El informe es además claro al relacionar la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales y el modelo de desarrollo extractivo de los últimos gobiernos, resaltando el caso de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez que concentran el 63% de todos los conflictos reportados. La investigación advierte también que “dado el carácter intensivo y extensivo de estos modelos en términos del uso de la tierra, el agua y la naturaleza, que requiere la homogenización del paisaje y de la cultura rural, se generan grandes niveles de acumulación de los recursos naturales, y con ello grandes impactos y conflictos ambientales entre los nuevos actores empresariales que expanden sus actividades bajo patrones agresivos en términos tecnológicos y de vida, y las comunidades que tienen otra forma de relacionarse con la naturaleza y entre sí mismos. La expansión de estas actividades se encuentra frecuentemente con formas de producción campesina, con agricultura familiar, mezcla de cultivos para el autoconsumo y el mercado local, con sociedades híbridas que dependen en buena medida de los servicios ambientales provistos por la naturaleza, ausentes de políticas gubernamentales activas, comunidades con bajo nivel de organización empresarial y en general con poco respaldo institucional.” (ver documento). Estas son las consecuencias del modelo al que Piedras, Tauramena y Monterrey, según el gobierno, no se deberían oponer.

Una pieza publicitaria de la multinacional Shell impresa en la “Revista del Petróleo” de junio de 1957 decía lo siguiente: “Hay abundancia de tierras que sólo aguardan el humano esfuerzo que tale sus selvas y seque sus pantanos, que levante puentes y teja de caminos el suelo virgen, para empezar a producir. El petróleo proporciona la fuerza requerida por los hombres que actualmente se empeñan en explotar nuevas tierras. Más tarde, cuando el grupo de vanguardia haya establecido una posición segura, se usarán insecticidas elaborados a base de petróleo para combatir las plagas: los matamalezas y fertilizantes a base de petróleo contribuirán a aumentar las cosechas: los combustibles y aceites moverán y lubricarán las máquinas que facilitan y apresuran la labor de extender el ámbito agrícola de la Nación”. Este tipo de anuncios no serían muy bien recibidos en la actualidad, por eso vemos como las empresas del sector se disfrazan de “verde” para mantener más tranquilas nuestras conciencias. Además era 1957, debíamos extender el ámbito del desarrollo de la Nación, enfrentar la monstruosa naturaleza para llenar de homogeneidad las selvas y llanuras para producir. Es 2014, las imágenes de Paz de Ariporo son un buen ejemplo de la uniformidad que reside en la muerte, donde el petróleo proporciona la fuerza requerida para impulsar los trancones infinitos de nuestros grandes centros urbanos, y contribuye con los matamalezas y fertilizantes que aumentan las cosechas malsanas que alimentan nuestras sociedades obesas. Pero ni ustedes ni yo tenemos nada que ver.

Autor: Andrés Gómez O.

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